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Borràs acusa al independentismo de rechazar una propuesta de resistencia colectiva


La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha salido al contraataque para hacer frente a las críticas que ha recibido en los últimos días por su gestión del caso de la retirada del acta del diputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitado por el TSJC por no quitar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en periodo electoral.

La presidenta ha acusado al independentismo y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de rechazar una «propuesta de resistencia colectiva, global y ambiciosa para involucrar a los partidos, las entidades, las instituciones y la ciudadanía» y defender el acta de Juvillà pero también para «decir basta» a los ataques del Estado, incluyendo la oposición a sentencia sobre el 25% de castellano en las escuelas catalanes. Y también ha atribuido la situación a la tensión creada entre el funcionariado, por lo que ha anunciado un expediente informativo para saber lo que hicieron los funcionarios en la Cámara el pasado jueves.

No dimitiré, la rendición no es una opción»


BARCELONA, 02/02/2022.- La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durante la Comisión del Estatuto de los Diputados celebrada este martes en el Parlament catalán. EFE/ Quique García

Laura BorràsPresidenta del Parlament

La presidenta de la Cámara catalana, en una entrevista en El Món a RAC1, ha reconocido que ha pensado en su dimisión pero considera que renunciar sería leído como una rendición, algo que para nada está en sus intenciones. «Me siento más reafirmada que antes en mi estrategia», ha asegurado. «La rendición no es una opción», ha zanjado.

«No dimitiré, la rendición no es una opción», ha zanjado Borràs al inicio de una larga entrevista de una hora y media. «Tengo la obligación de pensar todos los escenarios y la dimisión también lo es», ha reconocido la dirigente independentista preguntada por ello, para añadir que si marchara «se leería como una renuncia, como si lo que se plantea fuera un error, una estrategia fallida».

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«Lo que he planteado es la estrategia a seguir para hacer frente a la represión del Estado», ha indicado Borràs para admitir que «el resultado no ha sido bueno». «La propuesta que yo hago al independentismo no ha sido aceptada», ha reconocido.

«Estamos aquí porque no se ha querido ir hasta las últimas consecuencias en la defensa del Parlament de Catalunya», ha insistido Borràs, quien en todo momento ha trasladado fuera de sus competencias las responsabilidades de lo ocurrido la semana pasada respecto a la situación de Juvillà, a quien le fue retirada el acta por parte de la Junta Electoral Central el día 27 de enero, según una notificación que recibió el Parlament del órgano electoral. 

Estudia una querella contra la JEC

Borràs, quien ha hecho un pormenorizado relato cronológico del caso,  ha denunciado que la JEC en un burofax del día 28 de enero denegó la solicitud de medidas cautelares que pidió  Juvillà al Tribunal Supremo. «Teóricamente no lo puede hacer pero lo hace», lamenta la presidenta que acusa a la JEC de actuar como si fuera el propio TS, por lo que ha contado que está estudiando presentar una querella contra la Junta Electoral.

La presidenta del Parlament ha confirmado que tuvo una conversación con Aragonès el sábado 29 en Manresa en la que le transmitió la propuesta. «No es que no se pudiera evitar l(la retirada del acta)  es que no se ha querido evitar», ha continuado la presidenta para quien «la agresión es de conjunto y la respuesta debe ser de conjunto». Borràs ha advertido que cada paso atrás realizado supone un precedente que, como en el caso del expresident Quim Torra, «se convierte en ley». Por ello, ha avisado que «el caso de Juvillà no es solo el caso Juvillà» y ha recordado que nunca se habían retirado actas y ahora ya tenemos 5 o 6 más a la vista». «¿Cuándo empiezas a renunciar a derechos cuando se acaba?», se ha preguntado retóricamente.

«Asumir las máximas consecuencias»

Sobre su situación, Borràs ha asegurado que su propuesta la hace «asumiendo las máximas consecuencias» y ha esgrimido el hecho de estar ya en el Tribunal Constitucional por la asunción de la delegación de voto de Lluís Puig que «en su momento tendrá sus consecuencias». No obstante, ha dicho que «sigue estando dispuesta a todo pese a teneros el alma arrugada por los que me quieren muerta».

Respecto a la petición de la CUP de conceder el voto delegado a Juvillà el pasado jueves, cuando ya no tenía el acta de diputado, Borràs ha dicho haberse sentido «muy inútilmente expuesta» y ha insistido en que si no la aceptó fue por el hecho de que el único punto del pleno era la votación sobre el propio Juvillà y, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones, este no debía votar para no incurrir en un «conflicto de intereses».

Expediente informativo en el Parlament

La presidenta de la Cámara ha atribuido también la situación creada con Juvillà al «estado de mucha tensión» que han conseguido trasladar los tribunales y la JEC a la esfera administrativa a «todas las escalas de los trabajadores del Parlament» que, a su juicio, «llega a su apoteosis» el día 3 cuando se constata que las «cosas no funcionan» en alusión a teléfonos, correos electrónicos y sistemas de comunicación del Parlament que dejan de funcionar por el miedo de los funcionarios. En este punto, Borràs ha anunciado que ha pedido un expediente informativo para saber lo ocurrido en términos del funcionamiento interno del Parlament  cuando los funcionarios decidieron acatar la orden de la JEC y actuaron dando por hecho que Juvillà ya había dejado de ser diputado.

Por ejemplo, «la persona que debe enviar un SMS» a Juvillà para convocarlo al pleno «ya no lo envía porque considera que ya no es un diputado», o «quien debe enviarle un correo electrónico ya no lo envía», o «no se quiere registrar una delegación de voto», o «se cierra el registro y no se habilita el sistema de voto informático», por lo que Borràs tuvo que «proponer una votación a mano alzada».

Su estrategia afectaría a los directores de los centros educativos

En cualquier caso, Borràs ha querido dejar a los funcionarios al margen de la polémica y lo ha pretendido ejemplificar con el caso de los maestros y la sentencia sobre el castellano: “Debemos ser los responsables políticos quienes asumimos las consecuencias. A los maestros debemos dejar que hagan su trabajo», ha explicado. Sin embargo, preguntada específicamente sobre si su estrategia también afecta a los directores de los centros ha reconocido que sí.

 





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