• Mié. Oct 5th, 2022
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Borràs se escuda en que desconocía que Juvillà ya no era diputado



El Parlament es una institución con unos procedimientos tan pautados que se diría que se rige todavía por los estrictos códigos militares del arsenal, transformado en palacio, que lo alberga. ¿Cómo puede ser que su presidenta, que ha demostrado saberse al dedillo el reglamento, ignorara que el diputado por el que amagaba con interrumpir la actividad ya no tenía credencial desde la semana pasada?

Esta es la pregunta sin respuesta que se hacen todos los grupos, salvo Junts –al que pertenece la propia Laura Borràs–, que acusa a la CUP de querer poner a su dirigente a los pies de los caballos. Ayer subieron el tono –también su socio en el Govern, ERC– para exigir explicaciones, transparencia y el fin de la “farsa” de esta semana, en la que se han sentido “engañados” y “decepcionados”. «Si lo sabía y lo ocultó, es grave. Si no lo sabía, siendo la presidenta, también es grave», apuntaban ayer diversos diputados en los pasillos de la institución.

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Borràs, que por el momento guarda silencio pero ha afirmado en las redes que no ha dicho “la última palabra” y prometió explicaciones en un acto de la Assemblea Nacional Catalana en el Maresme, había blandido la desobediencia como arma política cuando el presidente de la Cámara era el republicano Roger Torrent y tenía la inhabilitación del expresident Quim Torra sobre la mesa. Llegó a decir que aceptar la retirada de su acta era “aceptar un golpe de Estado”.

La presidenta, defienden los suyos, ha intentado con la enrevesada estrategia de estos días llegar más allá que su antecesor al enfrentarse al Estado, pero al final su claudicación, que ha despertado el malestar de la CUP, se ha producido en un momento parecido –no idéntico– del proceso, cuando había riesgo de incurrir en delitos. Y, sobre todo, cuando podía arrastrar a los funcionarios. El “punto de inflexión” anunciado por Junts no llegó.

Junts acusa a la CUP de querer mandar a su dirigente “a la papelera del Código Penal”

Sea como fuere, la decisión de la Junta Electoral Central ha tenido un efecto similar en las filas independentistas al de hace dos años y la imagen de unidad del pasado diciembre en esta cuestión ha quedado maltrecha.

Aunque esta vez, a diferencia de entonces, se han guardado las formas en todo momento, se ha evitado que haya casus belli público –tal como pedía el propio Pau Juvillà– y la pugna ha sido soterrada, sutil y silenciosa tras un maratón de reuniones –con Juvillà ya inhabilitado– en las que, según avanzó ayer elDiario.es , Borràs llegó a plantear al Govern que se involucrara en la desobediencia y la CUP se mostró dispuesta a asumir la presidencia de la Cámara, entre otras cosas.

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No está previsto que nadie haga más ruido, pero ayer Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts per Catalunya, lamentó que la CUP pretenda enviar a su compañera de filas “a la papelera del Código Penal”. “La CUP quería poner a Borràs en el disparadero sin garantías y forzarla a incurrir en tipos penales más graves que la desobediencia, como la prevaricación o la usurpación de funciones”, señaló el jurista, que desveló que le aconsejó no desobedecer “sin garantías” .

Cuevillas, además, consideró una “trampa” la solicitud de voto delegado de Juvillà: “Todos decían que le acompañaban hasta el final, pero en realidad la llevaban hasta el borde del precipicio”. Con todo, admitió que en este punto Borràs era “cautiva de su discurso”.

Pero si Junts reprochaba a la CUP que ocultara la víspera del pleno la solicitud de delegación del voto e incumpliera lo pactado, los anticapitalistas también se quejaban de que no se había respetado lo acordado y denunciaban presiones para que Juvillà renunciara a su escaño.

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Según diversas fuentes, el pacto inicial era ir paso a paso y aguantar hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre las medidas cautelares y, si en algún momento se constataba que no era posible por la JEC o los jueces, entre todos se asumiría que no se podía. Pero no fue así, “se hizo un discurso de que sería todo diferente” y ha habido un pulso con ERC y la CUP que, según algunas fuentes, veían un “farol” en algunas propuestas de Borràs.

“Si no se puede, no se puede, y han intentado hacer ver que iban a hacerlo diferente de como lo hizo Torrent”, señalan desde ERC, que ya advertía hace unos días que Borràs era “presa” de su relato y que el dictamen de esta semana era una “pista de aterrizaje” para que pudiera salir de él. “Caerá todo por su propio peso”, vaticinaban ya el martes en ERC, que cree que el trato a Torrent en el 2020 fue “injusto”.

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