• Mié. Sep 28th, 2022
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Catalunya paga el patrimonio, por Editorial



Cerca de la mitad (45%) de lo que se recauda por el impuesto de patrimonio en el conjunto de las comunidades autónomas se paga en Catalunya, en gran parte por las clases medias. Los grandes patrimonios acostumbran a trasladar su domicilio fiscal a las autonomías en que este tributo está bonificado, como es el caso de la Comunidad de Madrid.

La discriminación que sufren los contribuyentes catalanes en el impuesto del patrimonio es grande. En el periodo 2014-2019 pagaron 2.700 millones de euros por este tributo mientras los madrileños se ahorraron 5.200 millones. Esta grave penalización tiene dos culpables: el Govern de la Generalitat, por aplicar el impuesto, y buena parte del resto de autonomías por bonificarlo y utilizarlo para hacer dumping fiscal. La justificación de la Generalitat para mantener el impuesto de patrimonio es que el sistema autonómico de financiación le perjudica, no recibe los ingresos del Estado que necesita y ello le obliga a recurrir a los impuestos cedidos.

La Generalitat se resiste a bonificar el impuesto de patrimonio como hace Madrid

Otro factor que explica el liderazgo de Catalunya en la recaudación por el impuesto de patrimonio es la importancia de su economía, la segunda después de Madrid, y el elevado número de empresas familiares que tiene. La Generalitat, además, ha propuesto medidas para endurecer la tributación de este colectivo empresarial por dicho impuesto, con lo que se perjudicaría todavía más la base de la economía productiva catalana.

La reforma fiscal que estudia el Gobierno central, y que está pendiente del dictamen de la comisión de expertos creada al efecto, pretende introducir por ley la obligación de que las comunidades autónomas apliquen un tipo mínimo en el impuesto de patrimonio para reducir el impacto del dumping fiscal.

Pero, sin embargo, hay una opinión mayoritaria, entre los expertos fiscales, a favor de la eliminación del impuesto de patrimonio, porque supone una doble tributación y, además, ha quedado obsoleto. Penaliza especialmente a aquellos ciudadanos de clases medias que han optado por el ahorro. La intención de gravar a las grandes fortunas que se esconde tras dicho impuesto es más voluntariosa que efectiva. A cambio de una relativamente escasa recaudación se propicia una eventual evasión fiscal de las mismas. Por ello no se aplica en la mayoría de los países europeos.

En España el impuesto de patrimonio fue anulado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en el 2007, aunque lo volvió a implantar en el 2011 por razones electorales. El PP, a instancias de Foment del Treball, presentó en su día un recurso de inconstitucionalidad. Habrá que esperar. por tanto, a que el TC defina el futuro de dicho polémico impuesto.





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