• Dom. Oct 2nd, 2022
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El 66% de los contratos con proveedores son ilegales por incumplir los plazos de pago



No importa que la ley imponga un período máximo de 30 días a las administraciones públicas y 60 a las empresas privadas para abonar una factura con un proveedor. Tampoco que prohíba modificar esa condición en contratos privados. El Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2021, presentado este miércoles por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), constata que durante el 2021 el 66% de los proveedores impuso contratos o acuerdos comerciales a clientes en los que les marcaban plazos de pago superiores a los permitidos legalmente.

“El dato ha crecido un 2% respecto al año pasado. La situación es muy preocupante porque incumplen la ley y no les pasa nada”, ha alertado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, durante la presentación del Informe.

Sin indemnización por retraso en el pago

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

¿El motivo? Según la PMcM “podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación”, también al propio desconocimiento de la ley. “Después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”, reconoce Cañete.

Mejora respecto a 2020

A pesar de esta situación, el balance de la morosidad en el 2021 ha sido ligeramente mejor que el año 2020, mucho más afectado por los cierres y la tensión de la pandemia. El plazo medio de pago a proveedores en el 2021 disminuyó tanto en el sector público (en 16 días, un 21%, de 77 a 61 días), como en el sector privado (un descenso del 6%, cinco días menos, situándose en 72 días, niveles similares al 2019 antes de la pandemia). Estos datos dejan la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% del 2020.

“Esto ha sido posible por las medidas tomadas durante el año pasado por parte de las autoridades para ayudar a las empresas a mantener su liquidez como los créditos ICO, los fondos de liquidez extra para las CC.AA. y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores”, ha explicado Antoni Cañete.

Riesgo de ruptura de la cadena de pago en el 2022

Por ello el presidente de la PMcM avisa de que si en el 2022 se retiran esas medidas, «vamos a asistir a una ruptura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alerta Cañete.

En el ámbito público, prácticamente la mitad de los encuestados (48%) asegura que la administración local es la que más tarda en pagar, y de estas, tan solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. La segunda peor pagadora es la administración regional (abarcando un 33% de respuestas).

La administración central, la mejor pagadora

La administración central sería la mejor pagadora. Según los resultados del análisis, para el 81% de los participantes en la encuesta sus plazos medios de pago con proveedores públicos sobrepasaron el periodo legal.

En el caso de la empresa privada, una vez más son las grandes, con más de 50 millones de euros de facturación, las que más abusan de los plazos de pago. El 61% de los encuestados asegura que el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas y el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 20% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Régimen sancionador

Para aliviar esta situación desde la PMcM solicitan al Gobierno que mantenga las ayudas públicas para asegurar la liquidez a las empresas y sobre todo que acelere los cambios legales para imponer un régimen sancionador que permita cambiar las prácticas abusivas. 

De hecho, el 94% de los encuestados considera que esa es la única medida capaz de modificar la actual situación de impunidad ante los contratos que marcan periodos de pago superiores a los establecidos legalmente.

Atasco en el Congreso

En este sentido, Antoni Cañete ha hecho referencia al proceso pendiente de la tramitación del proyecto de Ley Crea y Crece, que permanece bloqueado en la Mesa del Congreso.

“La ley se ha quedado sin fuerza al haberse eliminado en el proyecto la parte que realmente iba a influir sobre la mejora de los plazos de pago”, ha advertido. Según ha explicado, se trataba de la posibilidad de que se pudiera rescindir un contrato de licitación pública en pleno proceso en caso de no estar pagándose en plazo a los proveedores subcontratistas.

Cañete insiste en que es necesario que “esta novedad de la Ley de Contratos del Sector Público vuelva al articulado de la Ley Crea y Crece. Sin ella, la nueva normativa no mejorará la morosidad. No nos olvidemos que propone un Observatorio, la facturación electrónica y una simple declaración responsable, tres medidas necesarias pero insuficientes”. 





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