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El Govern prepara un decreto para soslayar el fallo del 25% de castellano


El Govern quiere eludir ordenar a las escuelas que utilicen el castellano como lengua vehicular en, al menos, el 25% del tiempo escolar, y que eso conste en sus proyectos lingüísticos, tal y como ordena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la sentencia de diciembre del 2020. “Los tiempos de discusión jurídica, que han durado años, han finalizado, y ahora el fallo debe ejecutarse. El juez pide que ordene a las escuelas que impartan una materia más en castellano, y los centros deben recogerlo en sus proyectos, eso puede indicarlo en las orientaciones a los directores para el próximo curso”, indica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado de Ciudadanos.

El Departament d’Educació responderá la próxima semana al tribunal quién se hace cargo de cumplir la sentencia y cómo se cumplirá en el plazo de dos meses. Probablemente firme el propio conseller.

El Govern ha denostado que se haya atacado el modelo de inmersión que refrenda la ley de Educación de Catalunya (LEC) del 2009 y que lo hayan hecho jueces. Pero está obligado a tomar una acción. La primera es acatar o no acatar. Las declaraciones de los miembros del Gobierno de Catalunya no afirman de forma literal que no van a asumir la sentencia. “La escuela no se toca”, “No va de porcentajes”, “Blindaremos la escuela catalana ahora y siempre”. Pero el hecho es que las sentencias del 25% dirigidas a escuelas concretas han sido acatadas hasta ahora.

El Govern quiere que en tres años todos los centros educativos tengan un grupo impulsor del catalán

El conseller de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, declaró esta semana en sede parlamentaria que el fallo se combatirá con un plan de impulso del catalán y un “nuevo marco normativo para reforzar el modelo de escuela catalana”. En una reunión a mediados de enero del conseller con los directores generales del departamento se avanzó que la defensa jurídica al fallo será un decreto sobre el catalán en las escuelas que afectará a los proyectos lingüísticos de todos los colegios. Esto irá acompañado de la creación de unos grupos impulsores de catalán, centro por centro (en tres años, todas las escuelas tendrán que haber creado uno), de los que ya se han constituido 217 que empezarán en febrero. Además, reforzar el catalán, en retroceso en su uso social (los alumnos son competentes en catalán, pero no lo usan con preferencia). Tras las últimas sentencias del TSJC sobre escuelas concretas (como la de Canet de Mar), el departament decidió reforzar con más profesorado aquellas actividades obligadas a impartirse en castellano.

No obstante, si en este decreto no se incluye la orden del tribunal de subrayar en los proyectos lingüísticos que el castellano es también lengua vehicular “como mínimo” en un 25% del tiempo lectivo escolar (equivale a dar una asignatura en castellano, además de la clase de lengua), el TSJC puede entender que no se está ejecutando la sentencia y anularlo.

Preguntas sobre la sentencia del TSJC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Generalitat garantizar que todos los alumnos, de cualquier etapa educativa, reciban un mínimo del 25% de clases en castellano.

¿Qué significa la sentencia?
El tribunal entiende que debe garantizarse el uso del castellano en, al menos, una cuarta parte del tiempo lectivo. Y debe hacerse en materias definidas como “troncales”. El tiempo lectivo no son las horas que el alumno pasa en la escuela sino aquellas en las que recibe clase (y en primaria se suman también las del patio).

¿Por qué el 25%?
El TSJC pidió a la Generalitat que indicara en qué “proporción razonable” entiende que debía incluir el castellano como lengua de impartición de materias, basándose en la ley educativa del 2013, la Lomce. La Administración no respondió, así que el TSJC fijó el 25% del horario lectivo “como mínimo”, argumentando que el catalán debe ser el centro de gravedad del sistema y la lengua normalmente utilizada, pero no debe excluir la otra lengua oficial.

¿Por qué se anularán los proyectos lingüísticos?
Porque excluyen el castellano como lengua vehicular, afirmando que la única lengua para impartir clases y comunicarse interna y externamente­ es el catalán.

¿Puede la Lomloe revocar la sentencia del 25%?
El Tribunal Constitucional establece que todas las lenguas deben tener un uso vehicular, aunque no simétrico. Pero algunos juristas, como Albert Bayona, exletrado del Parlament de Catalunya, consideran que el TC no “obliga” al uso del castellano y que el concepto de “proporción razonable” procede de la Lomce, la anterior ley de educación, del 2013. En cambio, la disposición 38 de la Lomloe (lograda gracias a una enmienda de ERC) elimina el concepto de “lengua vehicular”. “Mantener el 25% en base a la ley del 2013 es discutible”, dice Bayona.

¿Puede Europa forzar un cambio?
El Govern se ha dirigido al Consejo Europeo sobre esta cuestión, pero probablemente no recibirá respuesta hasta el 2024, después de que España presente, dentro del próximo año, un informe sobre la situación de las lenguas al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa (COE) cuyo objetivo es la defensa y promoción de todas las lenguas minoritarias de Europa.

También el decreto sobre currículos abre una nueva posibilidad. El próximo curso 2022-2023 cambian los currículos escolares. El ministerio diseña una parte del horario escolar, el 50% en el caso de las comunidades autónomas, con lengua oficial. En estos decretos se indican las horas que tendrá cada materia (aunque luego los colegios trasladen ese horario a ámbitos o proyectos). En la Lomloe está previsto que las administraciones autonómicas cedan una parte del desarrollo curricular a los equipos directivos. De este modo, el Govern no tendría que determinar una segunda asignatura impartida en castellano, como piden explícitamente los jueces, sino que serían los directores de los centros quienes determinarían cómo y qué asignatura van a impartir en castellano. La secretaría de transformación educativa avanzó el pasado jueves a los directores que tendrán “la máxima autonomía de centros” en términos de currículo. Directores que tendrán “protección jurídica” asegurada en el tema de la lengua, según uno de los primeros acuerdos adoptados en el 2022 por el Govern.

El Ministerio de Educación y FP no prevé la posibilidad de que la sentencia no vaya a cumplirse y tenga que activarse como parte actora. “Las sentencias, cuando son firmes, se cumplen”, afirmó en el Senado la ministra Pilar Alegría­, que pidió al PP que “deje de azuzar” sobre el tema de la lengua­.

El equipo anterior de Educació, liderado por Josep Bargalló, y que fue el que recibió la sentencia en el 2020, estaba armando una defensa distinta a la del decreto, que aporta mayor seguridad jurídica, pero más compleja de asumir: la reforma de la LEC.


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Carina Farreras

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“Una iniciativa legal que blinde la inmersión solo puede ser respondida jurídicamente por el Tribunal­ Constitucional y, cautelarmente, por el presidente del Gobierno”, sostiene Carles Martínez, anterior secretario de Educación. Un nuevo articulado que permitiría huir de porcentajes y dar a las escuelas mayor autonomía (y compensar en función de sus realidades lingüísticas e introducir otras lenguas) requeriría el consenso político en el Parlament. Para ello se necesitaría debate previo, especialmente pedagógico, en el que se mirara el “principio de proporcionalidad” con criterios cualitativos y no cuantitativos, según Martínez. Y confiar que el TC no lo tumbe.

El TSJC recrimina a la Generalitat (y con ese argumento anula los proyectos lingüísticos) que se excluya al castellano como lengua vehicular en la escuela y que solo lo sea el catalán, a pesar de que considera que este debe ser “el centro de gravedad” del sistema. Una cosa es la inmersión, viene a decir, que compensa una realidad lingüística con dominio de una lengua, y otra es la escuela monolingüe que excluye fehacientemente (en la práctica es otra cosa) una de las lenguas oficiales. Por eso propone el 25%.

Para la exconsellera Irene Rigau, hay que volver al punto de partida para llegar a un consenso. “Los tribunales han respetado las leyes cuando estas asumen que el catalán es la lengua ‘normalmente usada’, porque no excluye la posibilidad de que el castellano u otra lengua pueda ser vehicular”, explica. Por tanto, cabe corregir eso, entre todos, sin necesidad de hablar de porcentajes porque, a su juicio, la imposición del 25% como un “mínimo” abre la puerta a un objetivo final que sería el 50%, “y eso rompe definitivamente con nuestro modelo”.





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