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El juez gana tiempo en Triacom para comprobar si se desvió dinero a partidos


Triacom está llamada a ser el hilo conductor del llamado caso 3%. El nombre de esta productora audiovisual resuena en varias causas de corrupción que se siguen en diversos juzgados catalanes y en la Audiencia Nacional, que acaba de dar un nuevo empujón ampliando la investigación seis meses más.

Los investigadores han levantado las alfombras de la productora y están desmenuzando sus contratos y sus pagos, entre los que aparecen trabajos para TV3. Pero no solo eso. El recorrido de las primeras facturas de servicios ha puesto en el punto de mira a una de las figuras clave de la política catalana de los últimos años, el empresario David Madí, ex jefe de gabinete de Artur Mas, quien ya se encuentra acusado en un asunto por delito fiscal e investigado por la Guardia Civil en el caso Volhov, relacionado con el procés y vinculado a una trama de corrupción.

Según fuentes consultadas por La Vanguardia , las empresas del ex hombre fuerte de Mas habrían recibido dinero de Triacom que deberá ser justificado. Si resultara que los trabajos que Madí realizó a cambio de esos ingresos son ficticios, como indican los primeros indicios, el foco de la investigación se pondría sobre él, aunque hoy por hoy no se encuentra entre los investigados, según añaden las fuentes.


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Los investigadores están tras la pista del dinero de los presuntos sobrecostes. En octubre, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil que acudieran a TV3 para reclamar unos contratos suscritos con Triacom. El magistrado encargó a los agentes que hicieran acopio de numerosa documentación en manos de distintas empresas, entre ellas la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La información requerida era la referente a los contratos suscritos entre el 2008 y el 2016 con la productora audiovisual. Pedraz también solicitó a la CCMA que aportase la documentación relativa a las normas del ente público para la contratación de servicios de producción audiovisual.

Los Mossos y la Guardia Civil siguen analizando la documentación y elaborando informes. Una labor compleja, ralentizada por las bajas covid en los equipos policiales y los cambios en los Mossos, de ahí que Pedraz acabe de acordar la prórroga de la investigación otros seis meses porque “resulta necesario la práctica y (o) la conclusión de diligencias de instrucción, algunas ya acordadas y pendientes”, tal y como recoge un auto del 21 de enero.

Los investigadores comprueban uno a uno el coste de los trabajos facturados por la empresa de David Madí

Entre las diligencias pendientes están los informes policiales “así como las que pudieran acordarse a la vista de la solicitud del fiscal y otras que podrían resultar necesarias a la vista del resultado de las que ya han sido acordadas”.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez que se dirija a la Oficina Antifrau de Catalunya para saber si tiene expedientes abiertos, respecto de la CCMA o de su expresidente Brauli Duart, quien tras su paso por el ente pasó a ser secretario general del Departament d’Interior.

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra se han repartido el análisis de la documentación intervenida. La policía catalana sigue el rastro de los contratos a Triacom, que podrían haber sido inflados para derivar una parte, a través de facturas falsas, a la financiación de partidos o particulares. Una labor que lleva la unidad central anticorrupción, que trata de recuperar el ritmo tras el cese del que fue responsable de la comisaría de investigación, Toni Rodríguez, y la marcha voluntaria del responsable de la unidad, el subinspector Juan Manuel Lazo, secretario de las diligencias hasta su renuncia en desacuerdo por la destitución de su superior.

El fiscal anticorrupción solicita a la Oficina Antifrau de Catalunya si tiene a Brauli Duart en el punto de mira

La causa de Triacom forma parte de una pieza separada en el caso del 3% que se instruye en la Audiencia Nacional, aunque está pendiente de que se acepte la competencia para incorporar lo que aparece de esta empresa en la trama de corrupción investigada en la Diputación de Lleida. A todo ello se añade otro asunto en el juzgado de lo penal 23 de Barcelona por falsedad documental en el que Madí y otros se enfrentan a dos años de cárcel. La juez se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, y el recurso está pendiente.

El informe de la Agencia Tributaria respecto de las empresas de Madí lo analizan los investigadores del caso Triacom para descifrar si los pagos que recibió son por trabajos realizados o es una fórmula de desvío de fondos.

Según el citado informe, en los años 2008 y 2009 las retribuciones principales de Madí provienen de Convergència. “Con posterioridad a estos años se vuelve a observar una relación entre sociedades –constituidas a finales del 2010 y el 2011– de las que es socio único o mayoritario Madí y Triacom”. Para este informe, los inspectores tributarios realizaron una comparecencia con el máximo responsable de Triacom, Oriol Carbó, a quien preguntaron por un inmueble en el paseo de Gràcia al que se refieren varias facturas. Carbó contó que ayudó a montar el despacho a un amigo, David Madí. Y lo justificó asegurando que este no tenía la estructura necesaria. Preguntado por este diario, Carbó dijo el viernes no tener “nada que decir”.


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Según recoge el documento, tres empresas controladas o participadas por Madí o su esposa ( Nubul Consulting, Iki Cat XXI e Icat Desenvolupament) giraron entre el 2011 y el 2013 facturas por valor global de 412.000 euros. El informe considera que “no existe una razón mercantil o comercial que justifique esta fragmentación. En ocasiones se recurre a sociedades recién creadas, sin ningún otro cliente que Triacom y sin más personal que el destinatario de los fondos”.

El mismo informe recoge las relaciones de Triacom con una treintena de empresas, a las que la Agencia Tributaria ha requerido toda clase de información. La principal vuelve a ser la CCMA, dado que TV3 fue el grifo principal de Triacom durante años. Entre el 2007 y el 2013 constan encargos por valor de al menos 19.601.544,6 euros que supuestamente se habrían sobrevalorado para desviar fondos a CDC.

Brauli Duart fue el presidente de la CCMA entre el 2008 y el 2016, casi todo el periodo referido en el informe tributario, y es por eso que se reclama a Antifrau información sobre él. La Corporació no se ha personado en este caso, según una fuente oficial, “y se ha limitado a aportar cuanta información le ha sido requerida” por los investigadores y la Agencia Tributaria. El comité de empresa de TV3 preguntó a la dirección en un comunicado el viernes qué acciones jurídicas llevará a cabo “para defender” a la entidad.

El comité de empresa de TV3 preguntó a la dirección por el caso

El viernes precisamente se habló de la relación entre TV3 y Triacom en la comisión de control en el Parlament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, donde a preguntas insistentes de los responsables de la oposición, tanto Vicent Sanchis, director de TV3, como Núria Llorach, presidenta en funciones de la Corporació, defendieron la absoluta transparencia en la gestión de sus antecesores.

La Agencia Tributaria analiza también un contrato del 2010 de 2,9 millones entre Triacom y Telefónica. La productora debía elaborar dos vídeos corporativos y una serie de 65 miniespacios de 5 minutos. Solo se hizo uno de los vídeos, pero Triacom los cobró todos. “De la serie no hay constancia y el precio por los vídeos –de los que solo se ve en la web de Triacom el de la Torre de Telefónica de 3 minutos 16 segundos– parece desorbitado”, remarca el informe. Al requerimiento de Hacienda, Telefónica respondió: “No hemos encontrado copia de los vídeos”. La Agencia Tributaria analiza también contratos con Repsol, SA, la Fundación Repsol, Gas Natural o el Institut Català d’Empreses Culturals, entre otros.





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