• Mié. Oct 5th, 2022
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El Parlament pide al Supremo que deje sin efecto la orden de la JEC que retira ya el acta a Juvillà



Los servicios jurídicos del Parlament han presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo en la sala tercera del Tribunal Supremo para tratar de preservar la condición de diputado de la CUP Pau Juvillà, secretario tercero de la Mesa, tal y como aprobó el pleno este martes. Ese recurso de la institución se suma al que ya presentó el propio Juvillà el lunes pasado a título personal.

En el recurso, de 14 páginas y firmado por el letrado mayor, Miquel Palomares, y Antoni Bayona, letrado raso, se solicita al alto tribunal como medida cautelar que deje sin efecto la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de la semana pasada que desposeía al diputado anticapitalista de su credencial mientras no haya una resolución del recurso interpuesto por la Cámara. 

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En la impugnación del acuerdo del órgano administrativo y árbitro electoral, el Parlament esgrime que hay un dictamen aprobado en pleno que acordó, según lo dispuesto en el reglamento de la institución, mantener la condición de diputado de Juvillà hasta que no haya sentencia firme que le inhabilite. Ese supuesto se dará cuando la sala Penal del Supremo resuelva el recurso de casación contra la condena a medio año de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). También se apunta que la intervención de la JEC afecta a la autonomía de la Cámara. 

Con Quim Torra, un caso similar, hubo una resolución del pleno pero no un dictamen de la comisión del estatuto del diputado aprobado en el hemiciclo, como sí sucede con el dirigente de la CUP. En el 2020, justo ahora hace dos años, el expresidente catalán perdió su acta de diputado cuando el Supremo desestimó las medidas cautelares que pedían dejar sin efecto las órdenes de la JEC. Por tanto, Juvillà y Torra no están aún en el mismo momento del proceso judicial y aunque hay analogías en lo sucedido, no ha sido todo idéntico en los trámites.

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De hecho, Torra pidió medidas cautelarísimas –la vía urgente–y cautelares para impugnar la decisión del árbitro electoral y no fue hasta la denegación de la segunda medida cuando se le desposeyó de su credencial. Con todo, a Roger Torrent solo se notificó para la «retirada inmediata» del acta del entonces presidente de la Generalitat cuando se tumbaron en el Supremo las cautelares.  En cambio, ayer la JEC, tras un escrito de Ciudadanos, dio a Laura Borràs, presidenta del Parlament, cinco días hábiles para relevar a Juvillà bajo advertencia de «consecuencias jurídicas». La también dirigente de Junts ha sido notificada este viernes, por lo que tiene de margen hasta el viernes de la semana que viene para mover ficha, si bien no ha desvelado todavía qué hará.

Tras conocerse la última resolución de la JEC, los tres grupos independentistas, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y CUP, aseguraron en un comunicado conjunto que se reafirmaban en el dictamen aprobado por el pleno el 17 de diciembre, con los votos favorables del independentismo, el PSC y los comunes, que mantenía a Juvillà como diputado mientras no haya sentencia firme. 

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Por ahora, fuentes consultadas de la presidencia del Parlament han eludido concretar qué harán. El martes está prevista una reunión ordinaria de la Mesa y el asunto se abordará. El independentismo ha mantenido hasta el momento una postura unitaria en esta cuestión.  

En el PSC, que apoyó el dictamen que se esgrime ahora en la defensa de Juvillà, impera la prudencia y el respeto al acuerdo de la JEC. De momento esperan a que el martes el órgano rector aborde la cuestión y reclamarán un informe por escrito a los letrados de la Cámara. Aunque el grupo de Salvador Illa apoyó el pronunciamiento de la comisión del Estatuto del Diputado en favor de mantener el acta de Juvillà, una vez que ha entrado en juego la JEC han optado por modular su postura. Para empezar, se abstuvieron en la votación del pleno sobre la solicitud de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la JEC y el martes se desmarcarán de cualquier decisión de la Mesa que suponga contravenir al órgano electoral. Su resolución pidiendo a Borràs que despoje de su acta al diputado de la CUP “se tiene que ejecutar”, señalan.

El martes no solo hay la habitual reunión de la Mesa sino que también la habrá una cita de la Mesa ampliada, donde se abordará el otro asunto espinoso que tiene entre manos la el Parlament, la reforma del régimen interno de los trabajadores para eliminar las polémicas licencias por edad. En ese encuentro habrá tiempo para abordar el choque público entre letrados por la gestión de la información a los medios sobre este asunto en el órgano de transparencia del Parlament.





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