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El Supremo advierte del riesgo de colapso por la avalancha de reclamaciones por la pandemia



El Tribunal Supremo teme un colapso ante la falta de magistrados, derivado de la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos. Ante la jubilación de dos nuevos miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el presidente César Tolosa se ha visto en la obligación de reestructuras las cinco secciones porque dos de ellas se van a quedar en los próximos meses sin el mínimo para formar sala.

Esta situación viene provocada por la última reforma de la ley orgánica del poder judicial, que limitó las funciones del órgano de los jueces y mientras no haya una renovación no podrán hacer nombramientos. En el alto tribunal ya se está notando esta disminución de jueces, lo que entre otras cosas está conllevando una “extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala”.

Ante esta situación, que no parece que vaya a cambiar próximamente ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP en la renovación, el presidente de la Sala de Gobierno del Supremo ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta “más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva”, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.

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En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.

En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ una proposición para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas sobre asuntos similares que ya se están tratando en el Supremo y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad –según el acuerdo de la Sala de Gobierno- sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, “en aras de una mayor seguridad jurídica”.

Avalancha de recursos 

Asimismo, pedirán que se replantee las cuestiones de admisión, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual. El alto tribunal entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’, que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo.

La Sala de Gobierno espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta, por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del COVID.

Para afrontar estos litigios, el Supremo solicitará al Ministerio de Justicia que dote de una nueva secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas COVID, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).





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