• Mié. Sep 28th, 2022
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El Tribunal de Cuentas alerta sobre los contratos de urgencia por el covid



El Tribunal de Cuentas alerta de los contratos que se aprobaron por la vía de urgencia a raiz de la pandemia por el covid. Aunque sostiene que estuvieron dentro del marco legal sí pone algunas objeciones para que puedan ser corregidas en el futuro.

El Pleno del órgano ha aprobado un informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid y hace referencia a las autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales.

Ha analizado 134 contratos por valor de once millones de euros de trece entidades: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Corporación RTVE, Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Imprenta de Billetes, Instituto de Crédito Oficial, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid.

El informe alerta que en un número significativo de casos no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni su solvencia económica, financiera y técnica, ni que las prestaciones objeto del correspondiente contrato formaban parte del objeto social del contratista.

El informe sostiene que las entidades debieron comprobar estos extremos salvo que tales comprobaciones fueran incompatibles con la urgencia que se quisiera atender en cada contrato; incompatibilidad que, en su caso, debería quedar acreditada.

Escasas comprobaciones

Además, en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, «lo que habría constituido una buena práctica, adecuando la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa».

En materia de recomendaciones el órgano fiscalizador señala que, si bien en situaciones de emergencia, como la causada por la pandemia, la ley dispensa de la formación del correspondiente expediente de contratación, esta omisión no debería ir más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada.

Asimismo, aconseja que, salvo en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, los órganos de contratación comprueben exigencias de derecho material, tales como la capacidad y solvencia del contratista y la compatibilidad del objeto social de este con las prestaciones objeto del contrato, y que soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato susceptibles de ello. 





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