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El TSJC prorroga seis meses la investigación por malversación contra Laura Borràs



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha prorrogado seis meses la investigación abierta contra la presidenta del Parlament por un presunto fraccionamiento de contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor de la causa Jordi Seguí acuerda prolongar la investigación medio año más para aclarar si Borràs pudo incurrir en los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. El plazo para culminar con la instrucción de la causa finalizaba el pasado 29 de enero con lo que tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal el magistrado puede dictar sucesivas prórrogas hasta culminar la investigación como así ha sido.

El TSJC asumió la causa de Borràs en mayo de 2021, después de que el Supremo se inhibiera una vez la exdiputada al Congreso de Junts obtuvo el escaño en el Parlament de Catalunya, pero desde entonces aún no la ha citado a declarar. La investigación ha pasado por tres juzgados distintos. La causa la arrancó en mayo de 2018 el juzgado de instrucción 9 de Barcelona y luego se inhibió a favor del Supremo cuando Borràs pasó a ser diputada al Congreso. 

El TSJC asumió la causa en mayo de 2021 pero aún no ha citado a declarar a la presidenta del Parlament

El otro investigado en el caso, Isaías Herrero, quien supuestamente se habría beneficiado de los contratos troceados por Borràs, presentó un recurso ante el TSJC oponiéndose a la prolongación del procedimiento esgrimiendo que “esta viene prorrogándose ilícitamente desde que la acordase el juzgado de instrucción 9 en mayo de 2018”. Reiteró que se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas”, argumentos que han sido rechazados por el magistrado.

La exposición razonada que la juez envió al Supremo acusaba a Borràs de “abusar de su cargo” para adjudicar de manera arbitraria los contratos de programación informática a su amigo Isaías Herrero, con quien “actuó de común acuerdo para defraudar a dicha institución”, subrayaba el documento. Durante los años 2013 al 2017, según la investigación, la ILC habría adjudicado a Herrero 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades. El supuesto mecanismo con el que se cometía el supuesto fraude consistía en fraccionar el importe de las facturas para no rebasar el importe de 18.000 euros y de esta manera eludir la convocatoria de un concurso público.





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