• Dom. Oct 2nd, 2022
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Escrivá primará a las empresas que participen en los planes de empleo



El ministro José Luis Escrivá tiene prisa por llevar al Consejo de Ministros su ley para impulsar los planes de pensiones de empleo. Está previsto que lo haga este mes de febrero, aunque probablemente aún no el próximo martes. Sin embargo, y a pesar de las últimas modificaciones introducidas, no ha conseguido superar las reticencias de la patronal ante un cambio radical en la previsión complementaria que no les convence en el fondo, ni tampoco en las formas.

Discrepan sobre el fondo porque disienten del objetivo fundamental, que es priorizar a toda costa los planes de pensiones de empleo, cuya implantación está muy rezagada en España, quitando incentivos a los planes individuales. “Es un error pretender dinamizar los planes de empleo a costa de los individuales”, indican fuentes de la CEOE, que argumentan que no todo el mundo tiene acceso a los planes individuales, que son una buena fórmula para complementar las pensiones de la Seguridad Social.

Y también divergen sobre la forma, porque consideran que el instrumento que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no contiene reclamos suficientes para animar a las empresas a participar. “Hay pocos alicientes para convencer a los empresarios”, indican fuentes de la patronal.

Consciente de esta oposición, el ministro Escrivá se ha movido y ha presentado una nueva propuesta con algunas modificaciones a los agentes sociales. La propuesta, a la que ha tenido acceso La Vanguardia , incluye dos novedades destacadas. Se establece una contrapartida económica a las empresas que participen en los nuevos planes de empleo, y se abre la posibilidad de que el trabajador pueda hacer una aportación mayor que la del empresario. También se añaden cambios en la composición de la comisión de control de los fondos, disminuyendo el peso de la Administración, y no hay mención a los mínimos de patrimonio para que una entidad gestione estos fondos.

Inclusión prevé llevar este mes al Consejo de Ministros la ley para impulsar los planes de pensiones de empresa

El cambio más significativo es el primero, ofrecer una rebaja en las cotizaciones sociales a las empresas que participen en los planes de pensiones de empleo. Se establece a través de una disposición final cuarta de redactado especialmente alambicado, pero que traducido supone una bonificación máxima de 80 euros por persona y mes en la base de la cotización de la Seguridad Social. Bonificación en la base. Si la trasladamos al ahorro real, se queda en 24 euros por mes y por trabajador. Insuficiente para la patronal.

Los 24 euros de ahorro son el resultado de descifrar esta disposición que señala que “las contribuciones empresariales satisfechas a los planes de pensiones de empleo…. hasta el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.

También se añade que esta disposición entrará en vigor un mes más tarde que el resto de la ley, y un detalle más, aparece el mes de febrero para su elevación a Consejo de Ministros, aunque sin especificar el día. Fuentes del sector consideran que con este estímulo tan reducido es difícil mover a los empresarios a apostar decididamente por estos planes de pensiones de empleo, tal como quiere potenciar la ley.

El segundo gran cambio es permitir que los trabajadores aporten más dinero que la empresa a los planes de empleo. Si en el primer borrador se igualaba la participación, ahora el trabajador puede aumentarla en función de la aportación de la empresa, aunque con limites. Uno general es que excluye a los trabajadores que ganen más de 60.000 euros.

“Hay pocos alicientes para convencer a los empresarios”, dicen fuentes de la CEOE sobre el último texto

En el borrador no aparece la exigencia a las gestoras que tengan un volumen de gestión de fondos superior a mil millones de euros, aunque podría introducirse más tarde en los reglamentos.





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