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Interior readjudicó un contrato al Grupo Iturri tras anularlo un tribunal en el 2018


Siempre era Iturri. La insistencia de la Conselleria d’Interior en conceder el servicio de mantenimiento de los camiones de Bombers al Grupo Iturri, la empresa sevillana en el centro de una causa por presunta corrupción en la que está imputada la cúpula del servicio de extinción, llevó al departamento a maniobrar para que la compañía no perdiera ni un solo contrato en casi dos décadas.

En el 2018, Interior adjudicó el contrato de mantenimiento por vía directa a Iturri solo un mes después de que el tribunal de la Generalitat encargado de velar por la legalidad de la contratación pública declarase nulo el concurso que había ganado la empresa sevillana unos meses antes. Así lo acredita una investigación de La Vanguardia a partir del análisis de la adjudicación de los contratos públicos.


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La secuencia es la siguiente. En el 2017, Interior convocó un concurso para el mantenimiento preventivo de la flota de Bombers, por un valor estimado de 4,8 millones de euros. Un servicio externalizado que, desde el 2002, ha ganado siempre Iturri. Esta vez también se impuso la empresa sevillana pero su rival, la leridana Rodi Metro S.L., impugnó la adjudicación ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. “Vimos claramente que era un concurso dirigido a que hubiese un adjudicatario”, aseguran a este diario fuentes de la empresa.

El 1 de junio del 2018, el tribunal dio la razón a Rodi Metro. El dictamen señaló que cuando la empresa presentó su oferta “desconocía los aspectos clave que efectivamente determinaron la valoración de las propuestas”. Entre líneas, se entiende que Iturri pudo presentar una oferta mucho más detallada porque sabía, a pesar de que no era público, qué se iba a valorar.


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El tribunal reconoció que no podía pronunciarse sobre si las puntuaciones se calcularon correctamente, ya que “no quedan concretados los aspectos que se han tenido en cuenta y la puntuación que ha significado cada uno”. Por todo ello, el Tribunal Català de Contractes ordenó anular todo el procedimiento de licitación, pero no adjudicó el contrato a Rodi Metro, como la empresa solicitaba.

En estos casos la administración suele optar por rehacer el pliego siguiendo las instrucciones del tribunal y convocar un nuevo concurso, según detallan expertos en contratación pública consultados por este diario.


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Pero no fue así. Interior optó por una mecanismo más excepcional: adjudicó el mantenimiento de vehículos por un “procedimiento negociado sin publicidad”. Se trata de una vía que la ley prevé solo para casos contados, de hecho es muy restrictiva con los supuestos que la amparan. La conselleria se acogió al supuesto de “urgencia imperiosa resultante de acontecimientos imprevisibles”. Un abogado preguntado por este diario ve “dudoso” que una resolución del tribunal de contratos pueda considerarse un acontecimiento imprevisible, habida cuenta de que es un proceso contemplado en toda contratación pública.

El nuevo contrato lo firmaron, el 13 de agosto del 2018, Eduardo Díaz Hervás, gerente y representante de Iturri en Catalunya y uno de los siete imputados en la investigación abierta por corrupción, y Brauli Duart, entonces el secretario general bajo el conseller de Inerior Miquel Buch.

Sin repetir el concurso, se concedió el contrato con un procedimiento negociado sin publicidad

Fuentes oficiales de Interior afirman ahora que desconocen quién tomó la decisión de optar por esta vía y subrayan que “el actual equipo de gobierno no está relacionado con esos hechos”. Ninguno de los responsables de entonces sigue en el departamento, puntualizan. Sin embargo, desde la conselleria de Joan Ignasi Elena (de ERC) avalan la actuación que tuvieron los antiguos responsables del departamento (de Junts), al considerar que recurrieron a este mecanismo excepcional para no dejar descubierto un servicio esencial como son Bombers.

“Existe una imperiosa urgencia ocasionada por la resolución del tribunal, que se notifica solo dos semanas antes del inicio de la campaña forestal y un mes antes del fin del contrato de emergencia vigente”, indican.

Si en ese momento se hubiese optado por convocar un nuevo concurso abierto, el inicio de la prestación de servicios no se hubiese producido hasta marzo del 2019, dejando los camiones sin mantenimiento durante ocho meses, insisten.

La modalidad de adjudicación de contratos negociado sin publicidad permite a la administración hacer una selección previa de las empresas que cree pueden prestar satisfactoriamente el servicio, invitando a un mínimo de tres, y negociar con ellas el contrato, para luego decantarse por la más favorable.

La cúpula de Bombers está imputada por los contratos para la flota; Iturri los ha ganado todos desde el 2002

En este caso, además de a Iturri, Interior también convocó a Rodi Metro SL, y no a tres, como marca la ley. Pero la empresa leridana decidió no presentarse. “No nos generaba suficiente confianza. Después del desgaste que implicó litigar contra la administración, a pesar de que estábamos seguros de que nuestra oferta era la mejor, no quisimos volver a pasar por un concurso dirigido por los mismos interlocutores. Sabíamos que volveríamos a perder”, explican fuentes de la empresa.

Al no presentarse, el contrato quedó asegurado en manos de Iturri. Al cabo de seis meses, se prorrogó para otros seis, hasta el 30 de junio del 2019. También se amplió en un 10% el presupuesto inicial de 2,5 millones de euros.

En mayo del 2019 se presentó un nuevo concurso, esta vez abierto, por un valor estimado de siete millones de euros. Una vez más, lo ganó Iturri, que se impuso a la empresa Injecció Amac SL. “Ha presentado una oferta integradora que mejora económicamente la relación calidad precio del resto de ofertas”, justificó Interior en la concesión.

El lunes, Interior aseguró en un comunicado que se ponía al servicio de la juez que ha imputado a la cúpula de Bombers y a un directivo de Iturri, y dio por sentado que desde Interior nunca se había maniobrado para favorecer a la empresa, subrayando que en casi todos los concursos era la única licitadora.

Los últimos datos confirman que sí había otras empresas con capacidad de asumir el mantenimiento y algunas incluso con una mejor oferta económica.

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