• Vie. Sep 30th, 2022
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La Fiscalía pide un año de inhabilitación para Meritxell Serret por desobediencia



La exconsellera Meritxell Serret decidió regresar a España en marzo de 2021 y presentarse ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, después de tres años en Bélgica junto a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El magistrado la dejó en libertad acusada de desobediencia y Serret desde entonces ocupa su escaño en el Parlament de Catalunya como diputada de ERC. Un año y medio después, ese es el delito que la Fiscalía atribuye a Serret para quien solicita una pena de un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por haber desobedecido la orden del Tribunal Constitucional que la obligaba a «paralizar o impedir» la celebración del referéndum del 1-O. Ahora el próximo paso será que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abra juicio contra la exconsellera.

A Serret, que era la titular de Agricultura en octubre de 2017, se le atribuye un papel secundario en los preparativos del referéndum y será la primera consellera del Govern de Puigdemont juzgada únicamente por desobediencia y no por rebelión, sedición y malversación. Los exconsellers Carles Mundó y Santi Vila fueron los condenados por desobediencia pero fueron inicialmente acusados – y luego absueltos -de malversación. 

La Fiscalía considera que Serret participó de la aprobación de las partidas presupuestarias destinadas a financiar la votación y dio luz verde como parte del Govern a las leyes de desconexión aprobadas luego por el Parlament en los plenos del 6 y 8 de septiembre. “La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos”, subraya la fiscal.

El TSJC juzgará a la exconsellera

Serret será la primera consellera del Govern Puigdemont juzgada por desobediencia y no por sedición

Anna Gabriel, la líder de la CUP en octubre de 2017, también siguió los pasos de Serret y el miércoles pasado declaró ante el Tribunal Supremo tras cuatro años en Suiza. Como en el caso de la exconsellera, tampoco corría riesgo de cárcel puesto que le atribuye un delito de desobediencia grave que lleva aparejada un pena de inhabilitación y multa.





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