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Sin mariachis no hay sicavs

Ene 1, 1970 , , ,


Se acordó la pérdida del estatus de sicav para quedar como SA genérica”. “El consejo de administración tiene previsto proponer a la junta de accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022”. “El consejo de administración ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC que tributará al tipo general en el impuesto de sociedades”… Estas son las fórmulas más generalizadas que han utilizado durante los dos últimos días centenares de sociedades de inversión colectiva (sicav) para comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el final de su existencia.

La avalancha de comunicaciones llega en tiempo de descuento para que este tipo de sociedades de inversión se adapten a la nueva legislación que las regula. Mañana, 31 de enero del 2022, se termina el plazo para que comuniquen a la CNMV si se adaptan a los nuevos requisitos o se disuelven.

El cambio que ha provocado esta avalancha de liquidaciones es que la nueva normativa golpea de lleno a una de sus prácticas más controvertidas. Desde su creación, estas sociedades de inversión colectiva están obligadas a tener un mínimo de cien accionistas. El problema es que desde 1997 la laxa supervisión de las autoridades financieras sobre este requisito ha derivado durante años en que la gran mayoría de esos cien accionistas fuesen hombres de paja, mariachis, según se les conocía en la jerga financiera.

Ahora, cada uno de los cien socios obligatorios debe tener una participación mínima de 2.500 euros

Esos mariachis podían ser desde los trabajadores de las sociedades gestoras, que era lo más habitual, hasta ciudadanos sin techo a los que a cambio de unos euros se les solicitaba el DNI para incluirles en el accionariado. Solo los accionistas mayoritarios tenían capacidad de tomar las decisiones de gestión del capital y los beneficios de esa sociedad, así que rellenar el accionariado era fácil y barato. El incentivo para hacerlo es que este tipo de sociedades solo pagan un 1% en el impuesto de sociedades por los beneficios cosechados si tienen más de cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Es cierto que si los beneficios se distribuyen, cada socio debe tributar por ellos en el impuesto sobre la renta. Pero eso apenas ocurría. Durante años, las sicavs han sido pieza clave en las ingenierías financieras de las grandes fortunas.

El truco era de sobras conocido y hasta denunciado por numerosos colectivos, expertos financieros y hasta la propia Hacienda, que durante años ha reclamado la supervisión de estas sociedades frente a la CNMV, que era quien la asumía, sin disimular su laxitud en este asunto, el control.

Pero el chollo llegó a su fin. La ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que entró en vigor el pasado 1 de enero implica lo que los expertos financieros de KPMG han denominado “dar la puntilla a las sicav”. ¿El motivo? Exige que cada uno de ese centenar de socios que deben tener estas sociedades posea una participación con un valor mínimo de 2.500 euros. Solo si se cumple ese requisito, la sociedad de inversión colectiva podrá disfrutar del incentivo fiscal de que sus beneficios tributen al 1%.


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Pilar Blázquez

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La ley estableció un régimen transitorio durante el 2022 para que las 2.300 sicavs registradas en España puedan adaptarse a ese nuevo requisito o liquidar la sociedad sin costes fiscales y con el derecho de los socios individuales a diferir el pago fiscal por las ganancias obtenidas. A su vez, establecía la fecha del 31 de enero del 2022 para informar al regulador de los mercados la decisión tomada. El resultado está claro. Sin mariachis no hay sicav. La avalancha de liquidaciones de este tipo de sociedades que se ha visto desde el pasado viernes es la prueba más concluyente.

Hacienda gana la batalla que durante años ha mantenido con la CNMV y vuelve a tomar la supervisión de este vehículo de inversión, que ha supuesto una merma de ingresos para el sistema tributario. Ahora, está por ver si, como defiende el sector financiero, este férreo control va a suponer la fuga de los capitales a otras jurisdicciones o simplemente se van trasladar a otros productos como los fondos de inversión, que también permiten no pagar impuestos mientras no se recojan los beneficios de la inversión. Los bancos llevan meses trabajando en esta segunda opción.





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