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Sue Gray, la ‘inquisidora’ de Boris Johnson

Ene 1, 1970 , , , ,



¿Quién mejor para saber lo que es una buena fiesta que la encargada de un pub irlandés? Esa persona es Sue Gray, la responsable de examinar con lupa el partygate , determinar cómo se cocieron los jolgorios de Downing Street durante la pandemia y juzgar a Boris Johnson y su equipo, un veredicto que tendrá mucho que ver con el futuro del primer ministro.

Gray, de 64 años, es el arquetipo de la funcionaria civil independiente de Westminster, no afiliada a ningún partido (fuera de su familia, y tal vez ni eso, nadie sabe a quién vota), una figura que era garantía de honestidad en el sistema político británico pero que Johnson quiere cargarse para dar un aire más presidencial a la jefatura del Gobierno del Reino Unido, y que nadie le cuestione.

Su apellido quiere decir ‘gris’, pero su vida es muy colorista y está casada con un cantante de música country

En cualquier caso, si consigue ese objetivo tal vez llegue demasiado tarde, porque ya ha caído en manos de la inquisidora de Whitehall (la avenida donde se encuentran la mayoría de ministerios), por cuya guillotina ya han pasado, por indiscreciones varias, políticos como Damian Green, Liam Fox, Hazel Blears o Andrew Mitchell. Nadie duda que el informe resultado de su investigación, ya concluido, va a dejar las cosas en su sitio sin hacer favores a nadie ni dejarse influir por el poderío de Johnson o las posibles consecuencias para la estabilidad del Gobierno. Otra cosa distinta es que otros elementos del establishment consigan neutralizarla.

Todo apunta a que el informe es devastador y contiene pruebas irrefutables (incluidas fotos y correos electrónicos) de la celebración de fiestas contrarias a las mismas normas de la pandemia por cuyo incumplimiento fueron multados ciudadanos de a pie, y también de la responsabilidad de Johnson, que incluso participó en algunas de ellas. La sensación era que numerosos diputados conservadores estaban esperando la sentencia de Gray para pedir una moción de confianza en su líder. Iba a ser la hora de la verdad.

Pero así como a veces en los Estados Unidos se aplaza la ejecución de una pena de muerte por una llamada del gobernador cuando la silla eléctrica está lista, en este caso ha sido Scotland Yard quien ha intervenido misteriosamente en el tiempo de descuento, cuando ya Johnson se estaba rumiando qué pedir para la última cena. La decisión de la policía metropolitana de lanzar una investigación criminal sobre el partygate puede parecer un golpe al primer ministro, pero lo que ha hecho es retrasar la publicación del informe Gray (que ya tenía que haber visto la luz) y probablemente quitarle relevancia. La fuerza policial ha pedido que se censure y se edite, que no figuren nombres ni aparezcan fotografías, y sólo haga referencia a eventos que no se encuentren bajo su lupa, con lo cual perdería toda su fuerza.

La investigación de Scotland Yard puede demorarse meses, que era el deseo de un Boris Johnson necesitado de ganar tiempo como sea para que el partygate desaparezca del primer plano por otros acontecimientos como la crisis de Ucrania, la preocupación de la gente sea otra que las fiestas en Downing Street, y él tenga margen para recuperar la confianza del Partido Conservador con medidas como la postergación de la subida de impuestos prevista para la primavera.

Sue Gray ha hecho lo que ha podido, pero el establishment –del que forman parte jueces, policías y parte de la prensa, además del Legislativo y el Ejecutivo– se encarga de proteger a los suyos, como ya hizo con Tony Blair en la guerra de Irak. La funcionaria, de 64 años, no se casa en política con nadie. Su marido es Bill Conlon, un popular cantante norirlandés de música country que ha participado en festivales en toda Europa. Hace cuarenta años, cuando en el Ulster estallaban las bombas, Gray cogió una excedencia en su carrera como funcionaria para, mientras su marido iba de gira por los pueblos, regentar un pub en Newry, cerca de la frontera con la República, donde el IRA campaba a sus anchas, sirviendo pintas de cerveza y vasos de whisky a personajes de muy dudosa reputación.

Es tan estricta que en la despedida de un funcionario decidió que el Gobierno pagaría solo una bebida por cabeza, y a partir de ahí cada uno las suyas. No hay nadie cuyos trapos sucios no conozca, ni nada que no sepa. Todos los cambios y nombramientos, incluso de ministros, han de ser autorizados por ella. Su doble misión es por un lado respaldar al primer ministro y procurar la eficacia del Gobierno, y por otro hacer que se respeten las normas. Pero a veces, como ahora, ambos objetivos entran en conflicto frontal.






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