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Tres tribunales revisarán el voto de Casero

Feb 11, 2022 , , , ,


El voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero que facilitó la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno ha pasado de alimentar la pugna política a convertirse en un relevante problema jurídico.

Tres tribunales distintos deberán revisar si el fallo se debió a un error informático o humano; si la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet actuó adecuadamente al impedir el voto presencial una vez ejecutado el telemático; y si se ha vulnerado el derecho a la participación política del diputado por Cáceres.


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Hoy podría conocerse ya el informe de los letrados del Congreso sobre el controvertido voto y, a partir de ahí empezará un debate jurídico de largo recorrido y final incierto porque no hay precedentes.

Alberto Casero, en una imagen de archivo

Alberto Casero, en una imagen de archivo

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Tras conocerse la aprobación de la reforma por 175 votos a favor y 174 votos en contra, la formación de Pablo Casado ha activado toda la maquinaria para intentar que se anule la votación y se repita. En primer lugar, ha solicitado un pronunciamiento de la Mesa del Congreso que se reunirá el próximo
martes.

La Mesa del Congreso recibirá entre hoy y el lunes el informe sobre la votación de la reforma laboral

La Mesa espera el informe de los letrados de la cámara baja, que deberá ser entregado entre hoy y el lunes. En éste se deberá fijar las bases de si se debió permitir a Casero votar presencialmente tras detectar su error y anular su voto telemático. Según este diputado, defendido por el PP, el error fue producto de un fallo informático, tesis no creíble para la bancada socialista. Casero considera que se le debió permitir presentarse en el hemiciclo y votar. Además, el PP cree que la presidenta incumplió su obligación de llamar al diputado para comprobar el sentido de su voto.

Tres tribunales revisarán el voto de Casero
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LV_Un diputado del PP comete un error en la votación y salva la reforma laboral para el Gobierno



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Esa va a ser la clave de la disputa. El reglamento estableció en el 2011 la votación telemática solo par situaciones excepcionales. Entonces, el diputado que hiciera uso de él debía recibir una llamada telefónica del Congreso para confirmar el sentido de su voto. Esta situación cambió con la pandemia, cuando se generalizó este voto. Ante la incapacidad de llamar a cada uno de los diputados se estableció un sistema de doble confirmación de voto, lo que impedía poder votar presencialmente una vez confirmado el voto. Esta obligación quedó anulada tras el fin del estado de alarma aunque en la práctica se ha seguido desarrollando igual.

El PP se quiere agarrar a esta excepción para lograr que la Mesa anule la votación y se deba repetir, hecho con muy pocos visos de prosperar, según fuentes parlamentarias.


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Una vez que la Mesa comunique su decisión definitiva, los ‘populares’ ya han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional, ante el cual Casero previsiblemente presentará un recurso de amparo por una presunta vulneración de su derecho a la participación política. El tribunal de garantías nunca se ha encontrado con esta situación y se abrirá un melón complicado de solucionar. Para empezar, cuando se resuelva, la composición del Tribunal probablemente sea distinta y haya una mayoría progresista. En el hipotético caso de dar la razón a Casero y afimar que se le debió dejar votar presencialmente, el órgano debería resolver si la votación quedaría anulada y qué ocurriría con los efectos de la reforma y su aplicación. Fuentes del tribunal sostienen que no se pueden hacer “futuribles” de lo que pueda ocurrir porque únicamente hay una sentencia de 2006 en un asunto sobre una votación en el Parlamento Vasco pero con matices distintos.

El Constitucional podrá estudiar un recurso del diputado pero puede tardar años en hacerlo

En paralelo, ya hay una denuncia en un juzgado madrileño por un posible delito informático. El juez de guardia rechazó el viernes pasado acordar ninguna medida cautelar y está a la espera de que el asunto se reparta en un juzgado para que se decida si se sigue adelante con la instrucción de la causa.

Y a esto se añade una denuncia ante el Tribunal Supremo por parte del sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que pide que se cite a declarar a Batet por este asunto.






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